Santo Domingo, R. D.- Las principales agencias de turismo de la República Dominicana expresan sentir preocupación por el cobro de residuos sólidos en el sector turístico, al percibir que el esquema actual no reconoce la naturaleza de intermediación de las agencias de viajes, tour operadores, mayoristas turísticos y empresas de servicios vinculadas a la actividad.
Esta posición fue establecida en una rueda de prensa conjunta integrada por ADOTUR, ADAVIT, OPETUR y ASOTURE, donde el presidente de ADOTUR, Bladimir Monegro, se desempeñó como vocero, acompañado de los presidentes de las demás entidades del sector.
Las entidades expusieron que las empresas turísticas intermediarias gestionan volúmenes altos de facturación por cuenta de terceros, pero operan con márgenes reducidos, por lo que no generan residuos sólidos en proporción a estos volúmenes, por lo que advirtieron que aplicar la contribución sobre la facturación bruta puede crear una carga desproporcionada para las MiPymes turísticas.
Somos mipymes turísticas, somos intermediarios y somos comisionistas. No podemos ser medidos igual que una industria, un gran establecimiento comercial o una actividad que genera altos volúmenes de desechos. La contribución debe responder a criterios técnicos, proporcionales y ajustados a la realidad de cada sector económico”, expresó Monegro en representación de las asociaciones.
Conforme a las asociaciones, este modelo encarece la operación, reduce la competitividad y presiona los márgenes de las empresas formales, con un impacto particular en las MiPymes turísticas, que ya enfrentan nuevas cargas derivadas de la reciente reforma fiscal y una menor capacidad para absorber aumentos desproporcionados.
Las organizaciones aclararon que no se oponen a la sostenibilidad ambiental ni al cumplimiento de la Ley 225-20. Por el contrario, afirmaron que respaldan una gestión responsable de los residuos sólidos, pero consideran que la aplicación de la contribución debe estar alineada con el propio espíritu técnico de la ley.
Recordaron que la Ley 225-20 contempla que la fórmula de cobro debe tomar en cuenta factores diferenciadores, tales como la cantidad de residuos generados, los niveles de ingresos, los beneficios logrados por la actividad, el tipo de actividad productiva y la cantidad generada. Por tanto, señalaron que el reclamo del sector no procura una excepción, sino una aplicación coherente, justa y proporcional.