El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles (CECCOM) y el Ministerio Público acabaron con casi 20 toneladas de productos que se encontraban en estado no apto para consumo humano, por condiciones como estar vencidos y adulterados, los que eran reetiquetados o sometidos a cambio de fechas indebidos, para poder ser vendidos nuevamente al público, arriesgando así la salud de miles de consumidores.
Según expresó el director ejecutivo de la institución, Eddy Alcántara, la mercancía fue incautada mediante operativos realizados por las referidas instituciones en varios almacenes de la provincia San Cristóbal, mediante los cuales fue desmantelada una estructura dedicada a esa práctica ilegal.
A su vez, el funcionario señaló que la destrucción de los productos constituye la fase final del proceso iniciado con las inspecciones e intervenciones realizadas por las autoridades, garantizando que esa mercancía nunca vuelva a ingresar al mercado.
