SANTO DOMINGO – El presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) y legislador, Elías Wessin, valoró la intención del poder ejecutivo de reducir otro 50% al presupuesto, facilitando el financiamiento de las organizaciones políticas.
El legislador comunicó que existen contradicciones jurídicas entre dos leyes orgánicas: la Ley de Presupuesto y la Ley de Régimen Electoral. Según expresa, «el gobierno está actuando por encima de normativas que establecen porcentajes claros para el sostenimiento del sistema de partidos, una conquista que, según recordó, fue impulsada por el líder histórico José Francisco Peña Gómez desde 1994 y consagrada en 1997».
Wessin dice que este es el único gobierno que ha ignorado los montos establecidos por ley, ya que los gobiernos anteriores los habían respetado.
Expuso: «La ley es clara y establece un porcentaje y, por una decisión ejecutiva, se ha hecho lo contrario», puntualizó.
A su vez, afirmó que «los partidos políticos son los agentes fundamentales de la democracia».
Rememoró que «el financiamiento público fue una medida inspirada en modelos europeos para garantizar la transparencia y evitar influencias externas indebidas».
Desafió al Gobierno a eliminar por completo el financiamiento, señalando que “lo que es igual no es ventaja”. Sin embargo, advirtió que la actual administración quedaría “muy mal parada”, ya que, al ostentar el poder en un sistema presidencialista como el dominicano, reducir o eliminar el presupuesto a la oposición, mientras el Gobierno mantiene el control de los recursos del Estado, genera una desigualdad irritante y una condición inaceptable.
Quitar el financiamiento de tajo no es beneficioso para la democracia. Desde 1997 hemos tenido cambios democráticos y respeto a la institucionalidad gracias a este sistema. «Si el pecado está en el gasto, para eso están la Junta Central Electoral y el Congreso para supervisar», afirmó el diputado.
Por último, el dirigente político indicó que este conflicto, de mantenerse la obcecación del gobierno, deberá ser resuelto por el Tribunal Constitucional, ante los reclamos que ya se encaminan por la vía legal.