La denominada “ley mordaza” podría tener un impacto significativo en periodistas y comunicadores al limitar su capacidad para investigar, publicar y difundir informaciones de interés público. Cuando una legislación establece sanciones amplias o ambiguas sobre determinados contenidos, muchos profesionales de la comunicación pueden optar por la autocensura para evitar multas, procesos judiciales o represalias, lo que reduce la diversidad de opiniones y dificulta el ejercicio pleno de la libertad de prensa.
Para la población en general, una ley de este tipo podría traducirse en un menor acceso a información relevante sobre asuntos públicos, decisiones gubernamentales y temas de interés social. Al restringirse la circulación de informaciones y opiniones, los ciudadanos cuentan con menos herramientas para formarse criterios propios, fiscalizar a las autoridades y participar de manera informada en la vida democrática del país.